La decisión judicial obliga a las autoridades migratorias a retomar el estudio de solicitudes que permanecían congeladas. El fallo beneficia a extranjeros que ya residen legalmente en Estados Unidos y no implica la aprobación automática de los casos.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump reanudar la tramitación de solicitudes migratorias que habían permanecido suspendidas durante meses, en una decisión que representa un nuevo revés para la política migratoria de la actual administración.
La orden fue emitida por el juez Algenon L. Marbley, del estado de Ohio, quien determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) deberá continuar procesando solicitudes de residencia permanente (green card), permisos de trabajo y otros beneficios migratorios que habían quedado estancados.
El caso fue impulsado por 25 inmigrantes
La demanda fue presentada por un grupo de 25 extranjeros que denunciaron que sus trámites permanecían paralizados debido a las políticas implementadas por el USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especialmente aquellas relacionadas con ciudadanos provenientes de países sujetos a restricciones de viaje establecidas por la administración Trump.
Los demandantes argumentaron que, pese a encontrarse legalmente en territorio estadounidense y cumplir con los requisitos exigidos por la ley, sus solicitudes dejaron de avanzar sin una decisión definitiva.
El juez les dio la razón al considerar que el Gobierno no podía mantener estos procesos congelados de manera indefinida.
No ordena aprobar las solicitudes
La decisión judicial no significa que las solicitudes deban ser aprobadas automáticamente.
Lo que establece el fallo es que las autoridades migratorias tienen la obligación de analizar cada caso y emitir una decisión conforme a la legislación vigente, evitando que los expedientes permanezcan archivados sin respuesta.
Marbley subrayó además que el litigio no involucra a personas que buscan ingresar a Estados Unidos desde el exterior, sino a inmigrantes que ya viven legalmente en el país y que, en muchos casos, cuentan desde hace años con autorizaciones para trabajar.
El juez cuestionó el argumento de la seguridad nacional
Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la crítica del magistrado al uso del argumento de la seguridad nacional para justificar la suspensión de los trámites.
En su decisión, Marbley sostuvo que el Gobierno debe diferenciar entre las restricciones para el ingreso de extranjeros al país y el tratamiento de personas que ya residen legalmente en Estados Unidos.
Según el juez, resulta difícil justificar que consideraciones de seguridad nacional impidan procesar solicitudes de inmigrantes que ya han sido admitidos por las propias autoridades estadounidenses y cumplen con los requisitos legales para acceder a beneficios migratorios.
Asimismo, advirtió que la seguridad nacional no puede convertirse en un argumento general utilizado para bloquear reclamaciones legítimas sin una justificación específica.
En su análisis también hizo referencia al tono de la política migratoria de la actual administración, señalando que existe una postura particularmente dura frente a inmigrantes provenientes del Caribe, América Latina, África y Asia.
No es el primer revés para la administración Trump
La decisión de Ohio se suma a otros fallos recientes que han cuestionado la suspensión masiva de trámites migratorios.
Semanas atrás, un juez federal en Rhode Island anuló varias políticas del USCIS relacionadas con la congelación de solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo, ciudadanía y asilo para personas afectadas por las restricciones migratorias impuestas por el Gobierno.
Estos pronunciamientos reflejan el creciente escrutinio de los tribunales sobre la implementación de medidas administrativas que, según organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, han generado retrasos prolongados e incertidumbre jurídica para miles de solicitantes.
¿Quiénes podrían beneficiarse?
La orden judicial favorece principalmente a inmigrantes cuyos expedientes llevan largos periodos sin respuesta, entre ellos solicitantes de:
- Residencia permanente (Green Card).
- Permisos de trabajo.
- Naturalización.
- Otros beneficios administrados por el USCIS.
Aunque el fallo responde a una demanda concreta, podría servir de referencia para otros casos similares que enfrentan retrasos administrativos.
¿Qué sigue ahora?
El juez concedió un plazo de 30 días para que el USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional presenten un informe detallando las acciones adoptadas para cumplir con la orden.
Mientras tanto, abogados especializados en inmigración y organizaciones de defensa de migrantes permanecerán atentos a la expedición de nuevas directrices que permitan reactivar los miles de expedientes que permanecen represados.
Se prevé, además, que la administración Trump recurra la decisión ante instancias superiores, por lo que el litigio podría continuar en los tribunales durante los próximos meses. Aun así, el fallo representa un importante precedente para quienes esperan una respuesta a sus solicitudes migratorias y reafirma que los procesos administrativos deben resolverse dentro de los plazos establecidos por la ley.
