Ciudadanos reportan costuras deficientes, desprendimiento de hojas y desgaste prematuro en documentos recién expedidos. Mientras las críticas aumentan, la Cancillería aún no explica si se trata de casos aislados o de un problema en la fabricación de las nuevas libretas.
La promesa del Gobierno de Gustavo Petro de entregar a Colombia un sistema de pasaportes más moderno, soberano y administrado por el Estado enfrenta su primer gran examen público.
A pocas semanas de haber comenzado la expedición del nuevo pasaporte colombiano, ciudadanos de diferentes regiones del país empezaron a denunciar presuntos defectos en la fabricación de las libretas. Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran documentos aparentemente nuevos con costuras deterioradas, hojas parcialmente desprendidas, deformaciones en el lomo y un desgaste que, según los denunciantes, resulta impropio de un documento que apenas acaba de ser entregado.
Uno de los casos que más llamó la atención corresponde a un pasaporte diplomático cuya estructura interna presenta visibles fallas en el cosido. Las imágenes se viralizaron rápidamente y dieron paso a una ola de críticas contra el nuevo modelo, al punto de que algunos usuarios compararon la calidad del documento con la de un «cuaderno de segunda».
Hasta el momento, no existe un informe técnico oficial que permita establecer si estos casos corresponden a defectos aislados o si evidencian un problema de fabricación más amplio. Sin embargo, las denuncias llegan en un momento especialmente delicado para un proyecto que desde su origen ha estado rodeado de controversias administrativas, jurídicas y políticas.
Del discurso de la soberanía a las primeras dudas
El 1 de abril de 2026 comenzó oficialmente la nueva etapa en la expedición de pasaportes en Colombia. La Imprenta Nacional asumió la personalización de los documentos en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal e IN Groupe, empresa francesa especializada en documentos de alta seguridad. El Gobierno presentó este cambio como el inicio de la recuperación de la soberanía tecnológica del Estado, poniendo fin a casi veinte años en los que el servicio estuvo a cargo de Thomas Greg & Sons.
Durante el lanzamiento del nuevo sistema, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia contaba con tecnología de última generación para fabricar los pasaportes y sostuvo que el nuevo esquema ofrecía mayores garantías de seguridad y control estatal.
Sin embargo, la transición nunca estuvo exenta de polémica.
Las advertencias de la Procuraduría
Mucho antes de que aparecieran las primeras denuncias sobre la calidad física de los documentos, la Procuraduría General de la Nación ya había emitido varias alertas relacionadas con la implementación del nuevo modelo.
En abril de 2026, el organismo de control informó que encontró incumplimientos en la actualización de las plataformas tecnológicas que soportan el sistema de expedición de pasaportes y advirtió que los recientes ciberataques sufridos por la Cancillería habían afectado la operación del servicio.
Posteriormente, la Procuraduría también cuestionó aspectos del contrato firmado con Portugal, al señalar que durante las inspecciones realizadas se evidenció que la mayor parte de las libretas utilizadas en la producción provenían de Francia, pese a que el Gobierno había presentado el convenio como una alianza entre Colombia y Portugal para avanzar hacia la producción nacional.
Estas observaciones incrementaron las dudas sobre la ejecución del contrato y llevaron incluso al Ministerio Público a promover acciones judiciales para revisar su legalidad.
Un contrato multimillonario bajo permanente escrutinio
El convenio para la producción de los nuevos pasaportes tiene un valor cercano a 225 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1,3 billones de pesos, y contempla un proceso de transferencia tecnológica para que, en los próximos años, la fabricación sea asumida completamente por la Imprenta Nacional.
Desde su firma, el proceso ha sido objeto de investigaciones, demandas y fuertes debates sobre la forma en que se estructuró la contratación, la participación de empresas extranjeras y la capacidad operativa del Estado para reemplazar de manera inmediata al operador anterior.
Ahora, las denuncias sobre la aparente baja calidad de las libretas añaden un nuevo elemento de preocupación a un proyecto que ya acumulaba cuestionamientos institucionales.
Seguridad digital no significa calidad física
La Cancillería ha reiterado que el nuevo pasaporte colombiano incorpora todos los estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): chip electrónico, microtextos, tintas de seguridad, grabados especializados y sistemas de lectura encriptada, elementos diseñados para combatir la falsificación documental.
Sin embargo, esas características corresponden a la seguridad tecnológica del documento y no responden a las denuncias relacionadas con su resistencia física.
Precisamente ese es el punto que hoy concentra la preocupación de numerosos ciudadanos: si la libreta presenta fallas de ensamblaje o deterioro prematuro, podrían generarse inconvenientes durante viajes internacionales, donde las autoridades migratorias suelen exigir que el documento se encuentre en perfecto estado.
La ciudadanía espera respuestas
Hasta el cierre de esta edición, la Cancillería y la Imprenta Nacional no habían emitido un pronunciamiento específico sobre los videos y fotografías que circulan en redes sociales denunciando presuntos defectos de fabricación.
Mientras tanto, continúan apareciendo nuevos reportes de ciudadanos que cuestionan la calidad del documento.
Corresponde ahora a las autoridades determinar si estas denuncias obedecen a casos aislados dentro del proceso de producción o si revelan una falla estructural que obligue a revisar los controles de calidad implementados en el nuevo sistema.
Porque más allá de la controversia política, el debate gira alrededor de un documento esencial para millones de colombianos. Un pasaporte no solo representa la identidad internacional de un ciudadano; también es una garantía de confianza frente a las autoridades migratorias del mundo. Cualquier duda sobre su calidad física o su proceso de fabricación exige una respuesta técnica, transparente y oportuna por parte del Estado.
