El despliegue de una Fuerza de Tarea Especial en Puerto Colombia representa un primer paso para enfrentar las amenazas contra comerciantes. Sin embargo, el verdadero desafío será transformar esa operación en una estrategia integral que combine seguridad, investigación judicial y coordinación institucional.
La decisión anunciada por el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, de reforzar la seguridad en Puerto Colombia mediante el despliegue de 30 integrantes de una Fuerza de Tarea Especial de la Segunda Brigada, en coordinación con la Policía Metropolitana, fue recibida como una respuesta inmediata frente a las amenazas que una organización criminal lanzó contra comerciantes del municipio.
La medida busca recuperar el control y fortalecer la presencia del Estado en una población que, además de su importancia turística, se ha convertido en uno de los polos de crecimiento económico del departamento.
Sin embargo, el anuncio también abrió un debate más amplio: ¿basta con aumentar el pie de fuerza para derrotar al crimen organizado?
Para el abogado y dirigente político Guillermo Polo Carbonell, la respuesta es clara: no.
¿Qué ocurrió en Puerto Colombia?
Las autoridades departamentales anunciaron el despliegue de una Fuerza de Tarea Especial de la Segunda Brigada del Ejército, que trabajará de manera coordinada con la Policía Metropolitana para enfrentar a la estructura criminal responsable de intimidar a comerciantes del municipio.
El objetivo inmediato será incrementar la capacidad operativa de las autoridades, fortalecer la presencia institucional y avanzar en la captura de los responsables.
La decisión llega en un momento en el que comerciantes y ciudadanos han expresado preocupación por hechos relacionados con extorsiones y amenazas que afectan la tranquilidad y la actividad económica del municipio.
El reto no termina con las capturas
Aunque el refuerzo militar ha sido bien recibido, distintos sectores advierten que las operaciones policiales solo representan el primer eslabón de una estrategia mucho más amplia.
La experiencia colombiana demuestra que muchas organizaciones criminales logran recomponerse rápidamente cuando las capturas no están acompañadas de investigaciones profundas y procesos judiciales sólidos.
Ahí es donde Guillermo Polo Carbonell plantea una diferencia de fondo.
La propuesta de Guillermo Polo, un nuevo modelo de persecución penal
Para Guillermo Polo Carbonell, el anuncio del Gobierno departamental constituye una decisión acertada, pero advierte que el esfuerzo perdería efectividad si termina limitado únicamente al componente operativo.
A su juicio, el siguiente paso debe ser la conformación de equipos especializados de Policía Judicial y fiscales con dedicación exclusiva para investigar esta organización criminal.
La propuesta busca que las capturas no sean hechos aislados, sino el inicio de un proceso que permita identificar la estructura completa del grupo delincuencial, seguir la ruta de sus recursos, individualizar responsabilidades y obtener condenas que impidan su reorganización.
«El propósito es avanzar en la captura de quienes integran la organización delincuencial, pero la operación no puede quedarse únicamente en la acción. Necesita investigación, judicialización y condenas», sostiene Polo.
Desde su perspectiva, esa coordinación entre Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y autoridades territoriales permitiría construir un modelo mucho más efectivo de persecución criminal.
Seguridad e investigación deben avanzar juntas
El planteamiento de Polo parte de una realidad ampliamente documentada en Colombia.
Las organizaciones criminales actuales operan mediante redes de financiación, inteligencia, logística y reemplazo permanente de sus integrantes.
Por ello, las operaciones militares resultan indispensables para recuperar el control territorial, pero rara vez son suficientes para eliminar definitivamente una estructura delincuencial.
Los especialistas en seguridad coinciden en que el éxito depende de integrar varias capacidades del Estado:
- inteligencia estratégica;
- Policía Judicial especializada;
- fiscales dedicados exclusivamente a los casos;
- análisis financiero;
- cooperación interinstitucional.
Solo así es posible afectar no únicamente a quienes ejecutan los delitos, sino también a quienes los financian, coordinan y sostienen.
¿Puede Puerto Colombia convertirse en un modelo nacional?
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta consiste en que no se limita al caso de Puerto Colombia.
Guillermo Polo considera que el nuevo Gobierno nacional tiene la oportunidad de impulsar estrategias diferenciales contra organizaciones criminales mediante una mayor coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y los gobiernos locales.
Su planteamiento busca dejar atrás un modelo basado exclusivamente en respuestas operativas para avanzar hacia una política criminal integral, donde las operaciones militares estén articuladas con procesos de investigación y judicialización desde el primer momento.
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana, esa discusión podría convertirse en uno de los ejes de la política de seguridad del próximo gobierno.
