AUTOR
Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho
Las democracias no se fortalecen únicamente por la celebración periódica de elecciones. Su verdadera grandeza reside en la capacidad de los pueblos para aceptar el veredicto de las urnas, respetar la voluntad popular y convertir la alternancia en un ejercicio de civilización política. Allí donde la victoria se asume con prudencia y la derrota con dignidad, la República se consolida. Allí donde el odio pretende desconocer el mandato ciudadano, comienza a erosionarse el edificio institucional.
Las elecciones presidenciales de 2026 dejaron una realidad política imposible de ignorar. El voto de los colombianos residentes en Miami, la Florida y buena parte de los Estados Unidos expresó un respaldo ampliamente mayoritario al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Más allá de las cifras oficiales certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el resultado invita a una reflexión sobre el significado político de esa decisión colectiva.
¿Qué explica que una comunidad establecida desde hace décadas fuera del territorio nacional participe con semejante determinación en el destino de Colombia?
Hace algunos días formulé esta pregunta al dirigente cívico y Comisionado de Weston, Fabio Andrade, uno de los colombianos que ha dedicado buena parte de su vida al fortalecimiento de la comunidad connacional en el sur de la Florida. Su respuesta fue sencilla: en su criterio, una porción importante del electorado consideró que el país debía abrir una nueva etapa política. Esa apreciación podrá suscitar adhesiones o discrepancias, pero constituye una interpretación legítima de un resultado democrático que merece ser comprendido y no descalificado.
Existe, sin embargo, una explicación más profunda que trasciende la coyuntura electoral.
Los colombianos radicados en la Florida han construido una comunidad cimentada sobre el trabajo, la empresa, la solidaridad y el esfuerzo personal. Han comprendido que la prosperidad colectiva exige cooperación antes que confrontación, y que las diferencias ideológicas no pueden convertirse en barreras para la convivencia. Empresarios, profesionales, trabajadores y líderes comunitarios han tejido durante años una red de confianza que fortalece tanto su integración en los Estados Unidos como sus vínculos permanentes con Colombia.
Ese capital social explica, en buena medida, la capacidad de organización demostrada en las elecciones. El voto del exterior dejó hace tiempo de ser una expresión simbólica para convertirse en un factor de creciente importancia dentro de la vida democrática nacional. Los colombianos que viven fuera del país no han renunciado a su condición de ciudadanos; por el contrario, continúan ejerciéndola con responsabilidad y profundo sentido de pertenencia.
La elección de Abelardo de la Espriella representa, para quienes lo respaldaron, el comienzo de una nueva etapa en la conducción del Estado. Pero toda victoria democrática lleva implícita una obligación superior: gobernar bajo el imperio de la Constitución, respetar los derechos de quienes discrepan y demostrar que el poder no constituye un patrimonio de los vencedores, sino una responsabilidad frente a la totalidad de la Nación.
La historia enseña que las repúblicas comienzan a debilitarse cuando el adversario deja de ser contradictor para convertirse en enemigo; cuando el lenguaje político abandona la razón para refugiarse en el resentimiento; cuando el debate público sustituye los argumentos por la descalificación. En ese momento la política deja de ser un instrumento para resolver pacíficamente las diferencias y se transforma en una fábrica de odios.
Por ello, el reto que enfrenta Colombia tras esta elección no consiste únicamente en inaugurar un nuevo gobierno. Consiste, sobre todo, en reconstruir la confianza entre los ciudadanos, devolverle serenidad al debate público y demostrar que la democracia puede ser más fuerte que la polarización. El respeto al resultado electoral no excluye el derecho a la crítica ni limita el ejercicio de la oposición; por el contrario, los fortalece cuando ambos se desarrollan dentro del marco del Estado de Derecho.
Los colombianos residentes en el exterior ofrecen una enseñanza que merece ser escuchada. En ciudades como Miami y Weston conviven compatriotas de diversas corrientes políticas que trabajan juntos, crean empresa, participan en organizaciones cívicas y construyen comunidad sin convertir sus diferencias en motivo de ruptura personal. Esa cultura democrática demuestra que la pluralidad puede ser una fortaleza y no una amenaza.
La grandeza de una Nación no se mide por la intensidad de sus disputas electorales, sino por la forma como sus ciudadanos son capaces de reencontrarse cuando la contienda ha terminado. Las campañas concluyen; los gobiernos pasan; las mayorías cambian con el tiempo. Lo único que permanece es la República y el deber común de preservarla.
Si Colombia logra comprender esa verdad, el triunfo de un presidente dejará de ser la derrota de media Nación para convertirse en la oportunidad de reconciliar a todos los colombianos bajo el amparo de la Constitución, la libertad y el respeto recíproco. Ese será, quizá, el mayor legado que pueda dejar esta nueva etapa de nuestra historia democrática.
