Mientras Abelardo De la Espriella asumía la Presidencia de Colombia, comenzó el traslado de más de un centenar de jefes criminales recluidos en Itagüí. Entre ellos están alias Carlos Pesebre, Douglas y El Indio, protagonistas del polémico «tarimazo» de Medellín.
Mientras en Cali se desarrollaba la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, en otra parte del país comenzaba una operación que simboliza el nuevo enfoque del Gobierno frente al crimen organizado.
Por instrucciones impartidas durante el proceso de empalme y ejecutadas una vez iniciado el nuevo mandato, 103 cabecillas recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí fueron trasladados a diferentes establecimientos penitenciarios de alta seguridad en ciudades como Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y otros centros del país.
La decisión fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que entre los trasladados figuran varios de los principales jefes de estructuras delincuenciales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
Los nombres que más llamaron la atención
Entre los internos trasladados aparecen algunos de los delincuentes más conocidos de la criminalidad organizada en Antioquia.
Según confirmó el gobernador Rendón, fueron reubicados, entre otros:
- Alias Carlos Pesebre.
- Alias Douglas.
- Alias El Indio.
Estos últimos cobraron notoriedad nacional por haber participado en el denominado «tarimazo» de Medellín, un evento realizado en junio de 2025 en La Alpujarra durante los acercamientos impulsados por el gobierno de Gustavo Petro dentro de la denominada paz urbana.
En aquella ocasión, varios cabecillas fueron trasladados bajo custodia del INPEC desde la cárcel de Itagüí hasta un acto público encabezado por el entonces presidente Petro, una decisión que generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y judiciales.
Una operación preparada antes de la posesión
Aunque la ejecución coincidió con el acto de investidura presidencial, la operación no fue improvisada. De acuerdo con información conocida durante el proceso de transición, el equipo de empalme del presidente De la Espriella había dejado instrucciones para que los traslados comenzaran inmediatamente después de asumir oficialmente el cargo, como parte del cambio de estrategia frente al manejo de los cabecillas recluidos en las cárceles del país.
También fue trasladada Epa Colombia
Dentro del grupo de personas trasladadas también figura Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia. La influenciadora cumple una condena relacionada con los actos de vandalismo registrados durante las protestas sociales de 2019 y fue incluida dentro del operativo de redistribución penitenciaria adelantado por el INPEC.
Hasta el momento las autoridades no han informado que su traslado responda a razones disciplinarias, sino al proceso general de reorganización de internos realizado este 7 de agosto.
El ‘tarimazo’ vuelve al centro del debate
La decisión también reabre la discusión sobre uno de los episodios más controvertidos del gobierno anterior. El llamado «tarimazo» ocurrió cuando 23 cabecillas de estructuras criminales fueron trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí hasta la sede de La Alpujarra, donde participaron en un evento público junto al entonces presidente Gustavo Petro como parte de los acercamientos de la política de paz urbana.
Entre quienes asistieron estaban alias Douglas, Carlos Pesebre, Tom, Vallejo, El Indio, El Tigre, El Saya, Albert y Juan 23, entre otros reconocidos líderes de organizaciones delincuenciales.
Ese episodio fue cuestionado por autoridades locales, sectores políticos y asociaciones de víctimas, que consideraron inapropiada la exposición pública de jefes criminales aún privados de la libertad.
Una nueva política de seguridad toma forma
El traslado de los cabecillas no fue el único mensaje enviado por el nuevo mandatario durante su primer día de gobierno.
En su discurso de posesión, Abelardo De la Espriella anunció oficialmente el fin de los diálogos con grupos armados ilegales, sostuvo que la política de negociación impulsada por el gobierno anterior quedó cerrada y prometió fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales.
Además, reiteró que impulsará la construcción de megacárceles para los delincuentes considerados de mayor peligrosidad y aseguró que su administración no permitirá escenarios de impunidad.
«No habrá impunidad. Los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia»
afirmó durante su intervención presidencial.
Más allá del impacto político, el traslado de estos 103 internos representa una señal sobre el rumbo que pretende tomar el nuevo Gobierno en materia de seguridad.
Durante los últimos años, distintos expertos han advertido que varios cabecillas continuaban ejerciendo control sobre estructuras criminales desde los centros penitenciarios mediante redes de comunicación, extorsión y coordinación de actividades ilícitas.
La redistribución de estos internos busca dificultar esa capacidad de coordinación y enviar un mensaje de autoridad estatal desde el inicio de la nueva administración. Sin embargo, especialistas coinciden en que el éxito de la medida dependerá de que vaya acompañado de controles efectivos dentro del sistema penitenciario y de una estrategia integral contra las economías ilegales.
