La estrategia de reclusión marítima del Gobierno busca sacar de las cárceles tradicionales a cabecillas considerados de alta peligrosidad y cortar las comunicaciones con sus estructuras criminales. Digno Palomino y alias ‘Negro Ober’ aparecen entre los primeros candidatos.
Digno Palomino y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, aparecen entre los primeros nombres que podrían poner a prueba una de las estrategias de seguridad más llamativas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: recluir en buques acondicionados como cárceles a cabecillas criminales considerados de alta peligrosidad.
La iniciativa pretende atacar un problema que durante años ha desafiado al sistema penitenciario colombiano: delincuentes que, pese a encontrarse privados de la libertad, logran conservar canales de comunicación con el exterior y presuntamente continúan impartiendo órdenes, coordinando extorsiones o ejerciendo influencia sobre sus organizaciones.
La lista conocida hasta ahora es preliminar. Por tanto, la aparición de los nombres de Palomino y el ‘Negro Ober’ no significa que sus traslados ya hayan sido ordenados o ejecutados.
Del patio de una cárcel al aislamiento en altamar
El proyecto contempla utilizar embarcaciones acondicionadas como establecimientos de reclusión de alta seguridad, bajo una estrategia que involucraría al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Armada Nacional y autoridades marítimas.
Además de Palomino y el ‘Negro Ober’, entre los nombres divulgados aparecen alias ‘Marihuano’, ‘Carnal’, ‘Robincito’, ‘Juanito’, ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’.
El propósito no sería simplemente cambiar el lugar donde permanecen recluidos. La apuesta consiste en establecer un régimen mucho más estricto de aislamiento y control de las comunicaciones, precisamente uno de los puntos débiles que las autoridades han identificado dentro de algunas cárceles del país.
El Caribe, detrás de dos nombres que preocupan a las autoridades
La eventual inclusión de Digno Palomino y el ‘Negro Ober’ tiene especial importancia para Barranquilla y el Atlántico.
Palomino ha sido identificado por las autoridades como cabecilla de Los Pepes, estructura que ha tenido disputas con otras organizaciones criminales por el control de actividades ilegales en Barranquilla y municipios vecinos.
El ‘Negro Ober’, por su parte, ha sido relacionado con Los Costeños y acumula antecedentes que muestran precisamente las dificultades del Estado para impedir las comunicaciones ilegales desde prisión.
En años anteriores circularon videos grabados desde establecimientos penitenciarios en los que aparecía lanzando amenazas. En enero de 2026, además, fue condenado a tres años adicionales de prisión por amenazas contra una funcionaria mediante un video grabado desde la cárcel.
Cuando los barrotes no bastan para detener las órdenes
Ese antecedente ayuda a explicar el argumento central detrás de los buques cárcel.
Una persona puede encontrarse físicamente encerrada y, al mismo tiempo, mantener capacidad criminal en las calles si consigue acceso irregular a teléfonos, intermediarios u otros mecanismos de comunicación.
Para las autoridades, cortar esa cadena resulta particularmente importante frente a delitos como la extorsión.
El problema afecta directamente a comerciantes, transportadores, empresarios y familias que terminan pagando las consecuencias de organizaciones capaces de conservar estructuras operativas incluso cuando sus principales dirigentes están presos.
Por eso, el verdadero éxito de la estrategia no se podrá medir por la espectacularidad de tener cárceles flotantes, sino por su capacidad para reducir delitos en tierra firme.
Un buque no resolverá por sí solo la crisis penitenciaria
La iniciativa también plantea desafíos importantes.
Mantener una prisión en altamar exige sistemas de vigilancia, alimentación, atención médica, transporte, visitas, suministro de agua y energía, protocolos de emergencia y mecanismos capaces de garantizar la comunicación de los internos con sus abogados.
También será necesario establecer con claridad cuáles serán las condiciones jurídicas de estos establecimientos y garantizar que el endurecimiento de la seguridad se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución y la legislación colombiana.
La firmeza contra el crimen organizado y el respeto al Estado de derecho no son principios incompatibles. Una política de alta seguridad será más sólida si, además de dificultar la actividad criminal, supera los controles judiciales y constitucionales.
La prueba definitiva estará en las calles
Para Barranquilla y otras ciudades del Caribe golpeadas por la extorsión, la discusión sobre los buques cárcel va mucho más allá de una novedosa política penitenciaria.
Si un cabecilla encarcelado conserva capacidad para ordenar amenazas, cobros o acciones violentas, el problema deja de estar únicamente dentro de una prisión y termina afectando al ciudadano que abre su negocio cada mañana.
Por eso, el Gobierno tendrá que demostrar que REMAS puede convertirse en algo más que una poderosa imagen de autoridad.
La verdadera prueba será comprobar si el aislamiento de los cabecillas rompe las cadenas de mando, reduce las extorsiones y devuelve tranquilidad a las comunidades.
Si lo consigue, los buques cárcel podrían convertirse en una herramienta adicional contra el crimen organizado. Si no logra cortar las comunicaciones ilegales y garantizar simultáneamente la legalidad de las condiciones de reclusión, Colombia simplemente habrá trasladado al mar un problema que durante décadas no ha podido resolver en tierra.
