El Departamentode Seguridad Nacionalpodrá aplicar el proceso de deportación expedita encualquier estado del paíscontra inmigrantesindocumentados conmenos de dos años deresidencia continua.
Una decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia abrió la puerta para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplíe la aplicación del proceso conocido como Expedited Removal, o deportación acelerada, a todo el territorio de Estados Unidos. La medida, respaldada por la administración del presidente Donald Trump, modifica el alcance de una herramienta migratoria que hasta ahora se utilizaba principalmente en la frontera.
El cambio tiene especial importancia para comunidades como la de Florida Central, donde miles de inmigrantes esperan la resolución de sus casos migratorios o permanecen en el país sin un estatus legal definitivo. De acuerdo con abogados especializados, cientos de miles de personas podrían quedar expuestas a este procedimiento si no logran demostrar que han vivido de manera continua en Estados Unidos durante al menos dos años.
Las estimaciones indican que cerca de 622,000 inmigrantes indocumentados podrían encontrarse en esa situación.
La deportación acelerada es uno de los mecanismos más expeditos del sistema migratorio estadounidense. A diferencia de un proceso tradicional, el caso no pasa inicialmente por un juez de inmigración. La decisión puede ser tomada directamente por un oficial autorizado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o del propio Departamento de Seguridad Nacional.
Eso significa que una persona detenida podría recibir una orden de deportación en un plazo muy corto, incluso en cuestión de horas o pocos días, dependiendo de las circunstancias del caso.
Hasta antes de este fallo, el Expedited Removal se aplicaba principalmente a personas detenidas dentro de un radio de aproximadamente 100 millas de la frontera y que llevaran menos de 14 días en el país. Con la nueva interpretación respaldada por la corte, ese límite desaparece.
En la práctica, un inmigrante que haya ingresado hace menos de dos años y resida actualmente en Orlando, Kissimmee, Tampa, Miami, Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad del país podría ser sometido a este procedimiento si las autoridades consideran que cumple con los requisitos establecidos por la ley.
Uno de los aspectos más importantes será demostrar el tiempo de permanencia en Estados Unidos. Los especialistas recuerdan que la responsabilidad de presentar esa evidencia recae sobre el propio inmigrante. Por esa razón, recomiendan conservar documentos como contratos de alquiler, facturas de servicios públicos, registros escolares de los hijos, historiales médicos, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, recibos de pago y cualquier otro documento oficial que permita comprobar la residencia continua.
Quienes puedan demostrar más de dos años de permanencia en el país, por regla general, no estarán sujetos al proceso de deportación acelerada y tendrán derecho a que su caso sea evaluado ante un juez de inmigración.
Tampoco entran normalmente en esta categoría las personas que mantienen un estatus migratorio legal vigente.
En el caso de los solicitantes de asilo, la ley contempla protecciones adicionales. Si una persona manifiesta un temor creíble de regresar a su país de origen, debe ser sometida a una entrevista especializada antes de que pueda ejecutarse una deportación. Ese procedimiento busca determinar si reúne los requisitos para continuar con una solicitud de protección humanitaria.
Sin embargo, abogados de inmigración advierten que algunos casos pueden ser más complejos, especialmente para personas con permisos temporales, beneficiarios de ciertos programas humanitarios o inmigrantes cuyos procesos aún se encuentran en etapas iniciales. Cada expediente debe analizarse de manera individual.
La ampliación del Expedited Removal ha generado preocupación entre organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Estas entidades sostienen que un procedimiento tan rápido puede aumentar el riesgo de errores y limitar las oportunidades para que una persona presente pruebas o explique adecuadamente su situación migratoria.
Por el contrario, el gobierno federal sostiene que la medida permitirá hacer cumplir con mayor rapidez las leyes migratorias y reducir el enorme retraso que enfrentan actualmente las cortes de inmigración, donde permanecen millones de casos pendientes.
Para la comunidad hispana de Florida Central, esta decisión representa un cambio importante que podría tener efectos directos en muchas familias. Los abogados insisten en que este es el momento de organizar toda la documentación relacionada con el tiempo de residencia en Estados Unidos, mantener copias de esos documentos en un lugar seguro y consultar únicamente con abogados licenciados o representantes acreditados por el Departamento de Justicia.
También recuerdan que ninguna persona debe firmar documentos migratorios sin comprender plenamente su contenido ni entregar información falsa a las autoridades, ya que esas acciones pueden afectar cualquier posibilidad futura de obtener un beneficio migratorio.
Aunque el fallo fortalece las facultades del Departamento de Seguridad Nacional para aplicar deportaciones aceleradas en todo el país, especialistas subrayan que cada caso es diferente. Por ello, recomiendan a quienes tengan dudas sobre su situación migratoria buscar orientación legal lo antes posible para conocer sus derechos y las opciones que aún podrían estar disponibles.
