La organización criminal que durante años sembró el terror en Barranquilla y el Atlántico se convirtió en el tercer grupo ilegal que manifiesta su disposición de acogerse al sometimiento tras el mensaje de firmeza del presidente electo Abelardo de la Espriella.
La estrategia de seguridad anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella comienza a mostrar sus primeros efectos incluso antes de su posesión. La organización criminal ‘Los Pepes’, señalada por las autoridades como una de las principales responsables de homicidios, extorsiones y disputas territoriales en Barranquilla y el departamento del Atlántico, manifestó su intención de acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia, luego del ultimátum lanzado por el mandatario electo a todos los grupos armados ilegales del país.
El anuncio fue realizado por el propio De la Espriella durante una alocución transmitida a través de sus redes sociales, en la que confirmó haber recibido una comunicación de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, identificados como cabecillas de la estructura criminal.
«Estos bandidos han entendido el ultimátum y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual», afirmó el presidente electo, quien reiteró que en su administración no habrá negociaciones especiales ni beneficios extraordinarios para las organizaciones criminales, sino únicamente los mecanismos de sometimiento contemplados por la legislación vigente.
Una nueva política de seguridad
Desde que recibió la credencial como presidente electo, De la Espriella anunció un cambio radical frente a la política de seguridad implementada durante el gobierno saliente. Su mensaje fue directo: los grupos armados ilegales disponen de un plazo hasta el 7 de agosto para acogerse voluntariamente a la justicia; de lo contrario, enfrentarán la reactivación de todas las órdenes de captura y una ofensiva de la Fuerza Pública bajo el marco de la Constitución y la ley.
Como parte de esa estrategia, el mandatario informó que instruirá al ministro de Defensa designado para coordinar el procedimiento de judicialización y solicitará a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la designación de un fiscal especializado y un grupo de Policía Judicial que acompañen el proceso de sometimiento.
Un giro frente a la Paz Total
La decisión de ‘Los Pepes’ se produce pocas semanas después de que esa organización abandonara los diálogos adelantados con el Gobierno de Gustavo Petro dentro de la política de «Paz Total», proceso que terminó sin resultados definitivos para la desarticulación de la estructura criminal.
El nuevo gobierno ha dejado claro que su prioridad será recuperar la autoridad del Estado y combatir las estructuras ilegales mediante el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el sometimiento a la justicia, descartando nuevas concesiones políticas para organizaciones dedicadas al crimen organizado.
Esperanza para Barranquilla y el Atlántico
Durante los últimos años, la confrontación entre ‘Los Pepes’ y otras organizaciones criminales ha generado una grave crisis de seguridad en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, con un incremento de homicidios, extorsiones y disputas por el control de economías ilegales.
Para el presidente electo, la decisión de los cabecillas representa un primer paso hacia la recuperación de la tranquilidad en la región.
«Sin estos delincuentes en las calles, Barranquilla y el Atlántico podrán comenzar a recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo les fue arrebatada», aseguró.
Aunque el anuncio constituye una señal importante, el proceso apenas inicia y dependerá de que las autoridades judiciales verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos legales y de que los integrantes de la organización abandonen definitivamente sus actividades criminales.
Mientras tanto, el mensaje del nuevo gobierno parece haber comenzado a producir un efecto que hasta hace pocas semanas parecía improbable: que organizaciones armadas opten por someterse a la justicia antes que enfrentarse a una política de seguridad que promete recuperar el principio de autoridad en todo el territorio nacional.
