El costo inicial para reconstruir las zonas golpeadas por el terremoto rondaría US$6.350 millones, cerca del 1% del PIB. El Gobierno incluirá las obras en la Emergencia Económica y el Plan Nacional de Desarrollo, mientras busca recursos en unas finanzas públicas que ya llegaban bajo presión.
El terremoto que sacudió Colombia no solo derrumbó viviendas, hospitales, escuelas y edificios públicos. También alteró, en cuestión de días, las prioridades económicas del nuevo Gobierno.
Una primera estimación de BTG Pactual calcula que el país podría necesitar alrededor de $20 billones, unos US$6.350 millones y el equivalente a cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), para financiar la respuesta inicial y comenzar la reconstrucción después del sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.
La cifra todavía no representa la factura definitiva. Los daños continúan siendo evaluados y el costo podría variar a medida que se conozca el estado de viviendas, carreteras, hospitales, escuelas y demás infraestructura en las regiones afectadas.
Pero esos $20 billones ofrecen una primera dimensión económica de la catástrofe y plantean un problema inmediato para el presidente Abelardo De La Espriella: conseguir recursos extraordinarios cuando las finanzas del Estado ya tenían poco espacio disponible.
El Gobierno anunció que incorporará la reconstrucción dentro de la Emergencia Económica y del próximo Plan Nacional de Desarrollo, convirtiendo la recuperación de las regiones golpeadas en uno de los principales componentes de su agenda económica.
La emergencia económica permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la crisis y sus consecuencias, aunque esas facultades extraordinarias están sujetas a límites constitucionales.
Una factura que llegó sin estar presupuestada
Antes del terremoto, el Gobierno tenía otro número de $20 billones sobre la mesa, era justamente el monto del recorte de gasto que buscaba implementar como parte de su estrategia de ajuste fiscal. Ahora, las primeras necesidades de la reconstrucción podrían alcanzar prácticamente la misma cantidad que la administración pretendía ahorrar.
El déficit fiscal terminó 2025 alrededor del 6,36% del PIB, según las cifras utilizadas por BTG Pactual, mientras los ingresos tributarios permanecen por debajo del 17% del PIB y el gasto público ronda el 23%. A eso se suma una brecha presupuestaria calculada en unos $30 billones, aproximadamente US$9.500 millones.
“Sin lugar a dudas no hay plata”, advirtió Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, al analizar el margen fiscal disponible.
Eso no significa que Colombia carezca de opciones para financiar la emergencia. Significa que cada peso adicional tendrá consecuencias sobre otras decisiones del presupuesto.
El presupuesto tendrá que moverse
El proyecto de Presupuesto General de la Nación ronda los $575 billones y había sido diseñado antes de conocer la dimensión de la emergencia.
La reconstrucción obliga ahora a revisar esas cuentas, según el análisis de BTG Pactual, será necesario incorporar partidas que simplemente no existían cuando fue elaborado el proyecto presupuestario. El dilema está en determinar de dónde saldrán, una posibilidad es aplazar parte del ajuste previsto. Otra pasa por reasignar gasto. También están sobre la mesa nuevas fuentes tributarias, mayor endeudamiento, cooperación internacional y recursos extraordinarios amparados por la emergencia económica.
La discusión adquiere mayor importancia porque el Gobierno prepara para septiembre una reforma tributaria estructural, que originalmente formaba parte de su estrategia para corregir las cuentas fiscales.
El Ejecutivo tendrá que buscar simultáneamente recursos para reconstruir y credibilidad para demostrar que el gasto extraordinario no terminará agravando de manera permanente el desequilibrio fiscal.
Pereira entra en la primera línea de reconstrucción
El presidente De La Espriella dejó claro durante una visita a Pereira que la recuperación de la ciudad estará incluida entre las prioridades de la Emergencia Económica.
“Todo lo que se requiera para la reconstrucción de Pereira será incluido en la Emergencia Económica”, aseguró después de participar en un Puesto de Mando Unificado.
La capital de Risaralda figura entre las ciudades más afectadas.
El balance presentado por el Gobierno durante la visita contabilizaba 41.600 familias y unas 140.000 personas damnificadas, además de 259 heridos, 94 muertos y centenares de desaparecidos y rescatados.
El Ejecutivo prometió reconstruir viviendas, escuelas, hospitales y dependencias públicas, además de implementar subsidios de arrendamiento para familias que perdieron sus hogares.
La magnitud de los daños ha llevado al Gobierno a plantear una recuperación que vaya más allá de reparar estructuras.
Julián Buitrago, designado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tendrá entre sus principales responsabilidades incorporar las necesidades de reconstrucción al nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Eso implica convertir una emergencia que apareció tres días después del inicio del nuevo Gobierno en política pública para los próximos años.
La deuda también pasa la cuenta
El margen fiscal se estrecha todavía más cuando se mira otro renglón: los intereses.
Los cálculos citados por BTG Pactual apuntan a que el gasto destinado al servicio de la deuda podría aumentar 29% hasta unos $118 billones, alrededor de US$37.460 millones, el próximo año.
La cifra sería superior a los aproximadamente $89 billones previstos para inversión pública.
En otras palabras, antes de comenzar a pagar la reconstrucción, Colombia ya enfrenta una pesada factura financiera.
Por eso, la discusión no será solamente cuánto cuesta reconstruir, sino cómo financiar ese gasto sin deteriorar todavía más las cuentas públicas.
Algunas medidas de austeridad podrían mantenerse, según BTG Pactual, pero su ejecución tendría que aplazarse o modificarse mientras el Gobierno atiende las necesidades inmediatas de las regiones afectadas.
Los primeros dólares comienzan a llegar
El Banco Mundial informó el viernes que desembolsó US$200 millones para apoyar las necesidades inmediatas y la recuperación de Colombia. También activó su metodología GRADE para evaluar daños físicos directos y pérdidas económicas, un ejercicio que permitirá establecer con mayor precisión el tamaño real de la factura.
El apoyo se concentrará, entre otras áreas, en salud pública, vivienda y pequeñas y medianas empresas.
Estados Unidos también ha elevado su asistencia humanitaria hasta US$26,5 millones, mientras continúan los aportes de organismos internacionales y del sector privado.
La familia Gilinski, encabezada por el empresario caleño Jaime Gilinski, anunció además $150.000 millones —unos US$48 millones— para reconstruir hospitales y escuelas de Cali, mientras la familia Santo Domingo comprometió alrededor de US$32 millones.
Son recursos importantes para la emergencia, pero todavía pequeños frente a una reconstrucción cuyo cálculo preliminar se mide en miles de millones de dólares.
El terremoto también sacudió la agenda económica
El sismo ocurrió apenas tres días después del cambio de Gobierno y obligó a modificar rápidamente las prioridades de la nueva administración, la estrategia inicial estaba concentrada, entre otros asuntos, en reducir el déficit, contener el gasto y reorganizar las finanzas públicas.
Ahora hay una variable que nadie había incluido en las proyecciones; reconstruir buena parte de la infraestructura dañada en el occidente colombiano.
Eso podría significar más gasto público en el corto plazo y una revisión de los planes de austeridad. Pero el efecto económico final dependerá de cuánto dure la interrupción de la actividad productiva y de la velocidad de la reconstrucción.
Oxford Economics considera que, pese a la magnitud de la tragedia, el terremoto no necesariamente provocará un deterioro severo de la economía nacional y que parte del impacto negativo inicial podría ser compensado posteriormente por el gasto de reconstrucción.
El terremoto convirtió así la reconstrucción en la primera gran prueba económica del Gobierno De La Espriella. Ya no se trata solamente de levantar edificios y reparar carreteras. El desafío será encontrar decenas de billones de pesos, gastarlos con rapidez y transparencia y, al mismo tiempo, evitar que la emergencia termine abriendo una grieta todavía mayor en las finanzas públicas.
Por ahora, los $20 billones son apenas una primera estimación, la cuenta definitiva todavía se está escribiendo entre los escombros.
