La decisión abre una nueva etapa en la política de seguridad y plantea interrogantes sobre la estrategia que adoptará el Estado en las regiones donde operan estas estructuras armadas.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decidió poner fin a varias mesas de diálogo con grupos armados que habían sido instaladas durante la administración de Gustavo Petro como parte de la denominada política de ‘Paz Total’.
La determinación fue formalizada mediante varias resoluciones expedidas por el Ejecutivo y alcanza, entre otros procesos, los acercamientos que se mantenían con las disidencias asociadas a ‘Calarcá’.
Más que un cambio administrativo, la decisión representa una ruptura con uno de los principales instrumentos utilizados por el anterior Gobierno para enfrentar la persistencia de organizaciones armadas y criminales en distintas regiones del país.
Durante el mandato de Petro, la ‘Paz Total’ buscó abrir simultáneamente escenarios de conversación con diferentes estructuras. Dependiendo de la naturaleza de cada organización, el propósito contemplaba negociaciones políticas, procesos de desmovilización o mecanismos de sometimiento a la justicia.
El Gobierno De La Espriella ha optado ahora por cerrar varios de esos espacios.
En términos prácticos, esto significa que las estructuras cobijadas por las resoluciones dejan de contar con las mesas formales que habían servido como canal de interlocución con el Estado.
Sin embargo, el cierre de los diálogos es apenas una parte de la ecuación. La pregunta central será qué estrategia reemplazará esos mecanismos.
Una nueva política de seguridad
La decisión obliga al Gobierno a definir cómo enfrentará a los grupos que mantienen capacidad armada y presencia territorial.
El reto no es menor. Una política de seguridad no se mide exclusivamente por la existencia o ausencia de negociaciones, sino por sus resultados: reducción de homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos; protección de la población; recuperación del control territorial y fortalecimiento de la presencia efectiva del Estado.
Por eso, las próximas decisiones del Ejecutivo serán determinantes para conocer el alcance real del giro.
También habrá que observar las instrucciones que reciban la Fuerza Pública y las demás instituciones encargadas de ejecutar la nueva estrategia, especialmente en aquellos territorios donde las estructuras armadas ejercen presión sobre comunidades rurales.
El ciudadano, en el centro de la discusión
Para buena parte del país, este debate puede parecer concentrado en resoluciones, mesas de negociación y decisiones tomadas desde Bogotá. En las regiones afectadas por la violencia, las consecuencias son mucho más concretas.
Campesinos, comerciantes, transportadores, docentes y familias que viven en zonas con presencia de grupos armados son quienes terminan experimentando directamente los aciertos o fracasos de cualquier política de paz y seguridad.
El desafío para el nuevo Gobierno será demostrar que el cierre de las mesas puede traducirse en mayor protección para esas comunidades y no simplemente en un cambio de discurso.
Al mismo tiempo, las autoridades deberán evitar que la terminación de los canales de negociación genere vacíos que puedan ser aprovechados por las estructuras ilegales para ampliar disputas territoriales o aumentar la presión contra la población.
Una ruptura con la política de Petro
La ‘Paz Total’ fue una de las apuestas centrales del Gobierno anterior y buscó utilizar el diálogo como herramienta para reducir distintas expresiones de violencia. Su aplicación, sin embargo, enfrentó dificultades y cuestionamientos durante su desarrollo.
El cierre de varias mesas confirma que la administración De La Espriella pretende tomar distancia de ese modelo.
Ahora comienza una etapa diferente. Su éxito no dependerá únicamente de haber terminado las negociaciones heredadas, sino de la capacidad del Estado para ofrecer seguridad, justicia y presencia institucional en los territorios.
Para los colombianos, esa será finalmente la medida relevante: si el cambio logra reducir el poder de los grupos armados y permite que las comunidades recuperen tranquilidad y libertad.
