Corficolombiana advierte que el Gobierno del presidente electo deberá priorizar infraestructura, vivienda y sector minero-energético para reactivar el crecimiento.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá el próximo 7 de agosto una economía con un desafío central: recuperar la inversión pública y privada para acelerar el crecimiento, generar empleo y fortalecer la confianza de los mercados.
Así lo planteó Corficolombiana en su informe “La remontada sectorial: Plan 3, 2, 1”, en el que señala que la prioridad del nuevo Gobierno debe concentrarse en tres sectores estratégicos: infraestructura, vivienda y minero-energético. Según la entidad, estos son los principales motores de inversión que aún se mantienen por debajo de sus niveles prepandemia.
La advertencia llega en un contexto fiscal complejo. De la Espriella ya anunció que su administración buscará refinanciar la deuda pública y recomponer la confianza económica, mientras su equipo económico prepara gestiones ante bancos internacionales y organismos multilaterales.
Corficolombiana propone un plan de reactivación con tres apuestas sectoriales, dos mecanismos —financiación y ejecución— y una meta: sumar un punto adicional al crecimiento económico. Entre sus recomendaciones están construir un millón de soluciones de vivienda, avanzar en 5.000 kilómetros de carreteras e intervenir 35.000 kilómetros de vías terciarias.
El sector minero-energético será uno de los frentes más sensibles. Tras años de incertidumbre por la decisión del Gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera, el nuevo Ejecutivo tendrá el reto de recuperar la inversión en hidrocarburos sin abandonar una transición energética responsable.
Para Corficolombiana, Colombia debe apuntar nuevamente a una producción cercana al millón de barriles diarios de petróleo y fortalecer su soberanía energética. Esa discusión será clave para las exportaciones, los ingresos fiscales y la seguridad energética del país.
El reto no será menor: la entidad estima que el país necesitaría al menos 80 billones de pesos para financiar infraestructura, vivienda, pago de deuda y otros frentes prioritarios. Todo ello en medio de restricciones fiscales que obligarán al Gobierno de De la Espriella a combinar disciplina en el gasto, ejecución eficiente y reglas claras para atraer capital.
En términos sociales, la recuperación de la inversión no solo será un asunto macroeconómico. También definirá la capacidad del nuevo Gobierno para generar empleo, reducir brechas regionales, mejorar vías rurales y ampliar el acceso a vivienda. La prueba será convertir la confianza política inicial en proyectos concretos que lleguen a la ciudadanía.
