Mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella se dispone a recuperar la autoridad del Estado, restablecer la seguridad y corregir el rumbo institucional del país, los llamados a la desobediencia civil amenazan con profundizar la polarización en un momento decisivo para Colombia.
Colombia atraviesa una de las transiciones políticas más complejas de los últimos años. A pocas semanas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el debate dejó de ser exclusivamente ideológico para convertirse en una discusión sobre la estabilidad institucional y el respeto por el Estado de Derecho.
El llamado realizado por sectores del petrismo a promover una «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno ha elevado la tensión política. Si bien la protesta pacífica es un derecho constitucional, el uso de ese concepto en un país que aún enfrenta el accionar de organizaciones armadas, narcotráfico y violencia regional merece una reflexión responsable.
No se trata únicamente de una confrontación entre dos proyectos políticos. Lo que está en juego es la capacidad de Colombia para garantizar una transición democrática sin debilitar la confianza en sus instituciones.
Desde el inicio del empalme, el gobierno entrante ha denunciado presuntas irregularidades administrativas y fiscales, además de cuestionar el estado real de las finanzas públicas, el impacto de las reformas aprobadas durante el gobierno Petro y la crisis del sistema de salud. También anunció la conformación de un equipo jurídico para presentar denuncias ante los organismos competentes.
Por su parte, Gustavo Petro ha rechazado esas acusaciones y sostiene que buscan desconocer los avances sociales de su administración. Será la justicia, y no el debate político, la encargada de establecer si existen responsabilidades.
Uno de los anuncios más contundentes del presidente electo fue su intención de desmontar la política de «Paz Total». Según De la Espriella, esa estrategia terminó otorgando beneficios excesivos a organizaciones criminales sin producir los resultados esperados en materia de seguridad.
Más allá de la discusión política, existe una realidad difícil de ignorar: Colombia continúa enfrentando el fortalecimiento de grupos armados ilegales, economías ligadas al narcotráfico y el reclutamiento de menores en distintas regiones del país. En ese contexto, cualquier discurso que pueda interpretarse como un desconocimiento de la autoridad institucional genera preocupación.
La democracia necesita oposición y movilización ciudadana, pero también requiere que las diferencias se tramiten dentro del marco constitucional. La historia colombiana demuestra que cuando el Estado pierde presencia, los grupos criminales suelen ocupar ese espacio.
Ahora el reto será del nuevo gobierno. No bastará con denunciar presuntos actos de corrupción; será necesario demostrarlos ante la justicia. Tampoco será suficiente prometer recuperar el orden público; habrá que hacerlo respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.
La principal tarea del próximo gobierno será recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esa será la verdadera medida de su éxito.
Porque la protesta pacífica siempre tendrá un lugar en la democracia. Lo que Colombia no puede permitirse es que la polarización política termine debilitando el Estado de Derecho en un momento en que la seguridad y la estabilidad institucional siguen siendo desafíos fundamentales para el país.
